Informe
2024: el año en que la gobernanza de la IA se volvió exigible
Puntos clave
- 2024 convirtió los principios en obligaciones: la ley europea rige, el modelo ejecutivo estadounidense cumplió su primer plazo, Brasil aprobó en el Senado.
- Colombia produjo doctrina antes que política: T-323 y la circular de datos fijaron estándares mientras el CONPES seguía en borrador.
- Los tres déficits estructurales colombianos —institucionalidad, talento, controles— cierran el año intactos.
- La incógnita abierta del cambio de gobierno en Estados Unidos: el andamiaje ejecutivo de 2023–2024 queda en revisión.
- Cinco preguntas definirán 2025 — y esta serie las responderá con la misma vara pública.
El año empezó con principios y terminó con obligaciones: ley europea en vigor, mandatos federales en EE. UU., ley brasileña aprobada en el Senado y las dos primeras reglas exigibles de Colombia. Lo que cambió — y lo que no se movió.
Si 2023 fue el año en que los gobiernos hablaron de inteligencia artificial, 2024 fue el año en que empezaron a obligarse. El resumen cabe en cuatro trimestres: el primero produjo la primera ley integral del mundo (el Parlamento Europeo la aprobó en marzo por 523 votos), el mandato ejecutivo estadounidense y el consenso de 193 Estados en la ONU; el segundo, la adopción formal europea; el tercero, la entrada en vigor del reglamento y —para Colombia— las dos primeras reglas exigibles de su historia en la materia; el cuarto, la guía federal de compra de IA en Estados Unidos, el borrador de la política nacional colombiana en comentarios y, el 10 de diciembre, la aprobación en el Senado brasileño del proyecto de ley de IA.
Nuestra revisión anual ordena el año completo. Tres marcas definen el balance regional.
La exigibilidad llegó por tres vías — y las tres tocaron a Colombia
La regulación supranacional (el reglamento europeo, que moldea la oferta global), el mandato ejecutivo (el modelo estadounidense: responsables, inventarios, salvaguardas con plazo — imitable por decreto) y el control jurisdiccional. Esta última fue la vía colombiana: la sentencia T-323 —la IA no sustituye el razonamiento del juez; transparencia y responsabilidad exigibles— y la circular de la Superintendencia sobre datos personales en sistemas de IA llegaron antes que la política de promoción. La lección institucional del año: donde la política tarda, el control llega primero.
El “efecto Bruselas” dejó de ser hipótesis
Con el reglamento en vigor desde agosto y las prohibiciones aplicables desde comienzos de 2025, los proveedores globales ya ajustan productos y documentación. Las entidades latinoamericanas que compren en 2025 recibirán —o no, según lo que exijan— las versiones preparadas para el estándar europeo. La compra pública sigue siendo la política de IA más consecuente de la región, y la más desaprovechada.
La medición avanzó más que la gestión
El año cerró con más y mejores índices —el ILIA ampliado a 19 países, la encuesta de confianza de la OCDE incluyendo por primera vez a Colombia— y sin avances equivalentes en los instrumentos internos que esos índices no ven: inventarios, métricas de supervisión, auditoría. La brecha entre lo que se mide afuera y lo que se gestiona adentro es el espacio de trabajo de 2025.
Por qué importa
Una revisión anual separa la tendencia del episodio. Para quien decide en 2025 —el ministerio que comprará, la entidad que redactará su protocolo, el equipo que comentará la política nacional—, el valor está en saber qué del ruido de 2024 era señal. La señal es una: la gobernanza de la IA dejó de ser opcional en los sistemas maduros, y llegará a la región por los contratos y por los jueces aunque no llegue por las leyes.
Las recomendaciones para empezar 2025 no cambian; se vuelven más urgentes: inventario publicado (la condición de todo lo demás), responsables designados, protocolo de supervisión en los sistemas de mayor impacto, las diez cláusulas en la próxima compra y el tablero trimestral en el comité directivo. Cinco acciones, ninguna requiere ley.
El año que viene dirá si la política nacional colombiana aterriza en mecanismos o en metas, si Brasil completa su ley, y si alguna entidad de la región publica el primer registro de sistemas con métricas. Dejamos las preguntas escritas — para que puedan cobrárnoslas.
El documento completo —con su metodología, sus fuentes y sus limitaciones— está disponible en el PDF descargable de esta página.