¿Con qué decide hoy el Estado latinoamericano? El tablero 2025

Los Estados de la región miden cada vez más cosas y casi nunca se miden a sí mismos decidiendo. Nuestro primer informe anual sobre el estado de las decisiones públicas existe para cerrar ese vacío: un tablero de cuatro capacidades —evidencia, datos y gobierno digital, IA responsable y confianza— aplicado a seis países, con fuentes públicas y las valoraciones declaradas como tales.

El estado de la región cabe en una frase por capacidad. Evidencia: la mejor infraestructura de evaluación del mundo en desarrollo, con el eslabón del uso roto — y el recordatorio mexicano de que hasta las piezas más consolidadas son políticamente reversibles: al extinguirse el CONEVAL, la medición de pobreza pasó al instituto de estadística y la evaluación del desempeño de los programas sociales, a la secretaría que ejecuta el gasto social. Datos y gobierno digital: cinco países con fundamentos comparables a la OCDE, dieciocho sin cimientos, y toda la región debiendo la segunda generación. IA responsable: el año de las políticas —Colombia aprobó la suya, Brasil avanzó su ley, Chile y Perú tramitan las propias— con la brecha de siempre entre el documento y la operación: ningún país tiene aún registro público de sistemas, métricas de supervisión ni auditoría algorítmica funcionando. Confianza: el suelo sigue frágil —en el promedio de la OCDE, un 39 % de las personas declara confianza alta o moderadamente alta en su gobierno nacional frente a un 44 % con confianza baja o nula, y los países latinoamericanos de la organización quedan por debajo de esa media— y ningún país la gestiona como resultado.

El hallazgo: ninguna fila completa

Ningún país supera el nivel “en desarrollo” en más de una capacidad. Chile consolida evidencia pero no confianza; Colombia y Uruguay consolidan datos pero no el resto; nadie consolida IA responsable ni confianza. Y las capacidades no se compensan: se multiplican. El país con evidencia fuerte y confianza débil enfrenta el rechazo de reformas técnicamente sólidas; el de datos fuertes y uso débil acumula infraestructura subutilizada. El tablero se lee por filas completas — la celda más baja de cada país es su restricción activa.

La tesis del año

La región está comprando velocidad de decisión —digitalización, IA— sin haber reparado la transmisión (el uso de evidencia) ni el suelo (la confianza). El año agregó marcos y mediciones; no agregó prácticas. Es el patrón que la dimensión de gobernanza del ILIA ya mostraba para la IA —fuerte en visión, débil en aplicación—, ahora visible en las cuatro capacidades a la vez.

La implicación es incómoda pero clara: la región no necesita más documentos en 2026; necesita los primeros casos verificables de práctica. Un registro publicado. Una evaluación que cambie un presupuesto. Una métrica de supervisión en línea. Uno por capacidad basta para romper el patrón.

Por qué importa

Un tablero anual solo disciplina cuando se repite: esta primera edición fija la vara con la que gobiernos, congresos, órganos de control y ciudadanía podrán medir el año entrante — y con la que mediremos nuestras propias predicciones, que quedan escritas. La central: el primer registro público de sistemas de la región aparecerá antes de la segunda edición, y será colombiano o chileno.

Para Colombia, el tablero asigna la agenda con precisión: convertir la política nacional en los tres primeros verificables (registro, responsables, métricas en los sistemas de justicia y fiscalización), usar la implementación para cerrar las dimensiones digitales pendientes, y tratar la confianza como resultado gestionado. Si ejecuta esa secuencia, será el primer país de la región con una fila del tablero casi completa. Si no, será el enésimo caso de instrumentos sin hábitos — y el tablero de 2026 lo dirá sin piedad.

El documento completo —con su metodología, sus fuentes y sus limitaciones— está disponible en el PDF descargable de esta página.