Informe
Tres modelos para gobernar la IA — y qué le sirve a América Latina
Puntos clave
- La primera ley integral de IA del mundo ya existe; su aplicación será escalonada hasta 2027.
- La convergencia sustantiva entre modelos es mayor que la divergencia instrumental: el núcleo común ya puede exigirse hoy por vía administrativa y contractual.
- El "efecto Bruselas" llegará a la región por los proveedores, se legisle o no.
- La vía más corta disponible para Colombia es la estadounidense: ordenar el propio Ejecutivo por decreto — inventarios, responsables, salvaguardas — sin esperar la ley.
En un mismo mes, Europa aprobó la primera ley integral de IA, Estados Unidos ordenó su propio gobierno y la ONU logró el consenso de 193 Estados. La lección para la región no es qué texto copiar, sino en qué orden construir.
Marzo de 2024 dejó el mapa de la gobernanza de la IA más claro que nunca. El día 13, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de IA por 523 votos a favor: la primera ley integral y obligatoria del mundo, organizada por niveles de riesgo. El día 21, la Asamblea General de la ONU adoptó por consenso su primera resolución sobre IA segura y confiable, copatrocinada por más de 120 Estados. El día 28, la Casa Blanca publicó el memorando que obliga a cada agencia federal a designar un responsable de IA, inventariar sus sistemas y aplicar salvaguardas verificables antes de diciembre.
Ya no existe “la” gobernanza de la IA. Existen modelos en competencia — y la pregunta para Colombia y sus vecinos no es cuál admirar, sino qué aprender de cada uno.
Los modelos, en una frase cada uno
La Unión Europea regula el mercado: una ley horizontal que prohíbe algunas prácticas, impone requisitos estrictos a los sistemas de “alto riesgo” —que incluyen la mayoría de los usos estatales sobre personas— y se aplicará de forma escalonada durante los próximos tres años, con multas de hasta el 7 % de la facturación global.
Estados Unidos gobierna su propio Estado: sin ley general, el memorando de la OMB convierte en obligación federal lo que otros discuten como principio — responsables designados, inventarios públicos, salvaguardas mínimas con plazo.
El Reino Unido y Singapur habilitan sin legislar: reguladores sectoriales existentes en un caso, marcos y herramientas de verificación voluntaria en el otro. Canadá combina: directiva obligatoria para su gobierno desde 2019, ley general aún en trámite.
Un dato importa más que las diferencias: todos los modelos exigen lo mismo en sustancia — gestión de riesgos, supervisión humana, transparencia, responsabilidad. Divergen en cómo lo hacen exigible.
Lo que ningún titular dice: el primer regulado es el Estado
Para las entidades públicas de la región, el detalle decisivo del reglamento europeo está en dónde queda el sector público: la mayoría de los usos gubernamentales con efectos sobre personas —beneficios sociales, justicia, migración, educación— cae en la categoría de alto riesgo, con requisitos de datos, documentación, supervisión humana y registro público.
Y aunque América Latina no está en la jurisdicción europea, sí está en su cadena de suministro: los proveedores globales ajustarán sus productos al estándar más exigente de sus mercados. Las entidades que compren sistemas entre 2024 y 2026 recibirán versiones diseñadas para cumplir esos requisitos — o versiones sin ellos, a menor precio. Saber distinguirlas será parte de comprar bien.
La secuencia importa más que la ambición
La comparación deja una conclusión incómoda: el debate relevante no es “regular o no regular”, sino en qué orden construir capacidad y obligación. Todos los sistemas maduros comparten una secuencia: primero saber qué se usa (inventarios), luego ordenar la propia casa (obligaciones al sector público), luego —y solo luego— regular el mercado. La UE, que aprobó primero la ley general, lo hizo tras dos décadas de infraestructura regulatoria digital, y aun así se dio hasta 36 meses para aplicarla.
En la región, Brasil eligió la vía europea (su proyecto de ley avanza en el Senado), Perú legisló una ley marco que espera reglamento, y Colombia —con varios proyectos de ley sin completar trámite y una política nacional en elaboración— opera con principios sin exigibilidad. El riesgo mayor no es la demora: es el trasplante normativo sin capacidad, la ley ambiciosa aplicada por instituciones que aún no saben qué sistemas usan.
Por qué importa
Para quien formula política, la lección es de secuencia: capacidad primero, obligación después, ley integral solo con la autoridad de aplicación definida y financiada. Para quien compra tecnología, la lección es contractual: incorporar en los pliegos los requisitos de la categoría europea de alto riesgo es obtener, sin ley nacional, las versiones auditables de los productos globales.
Y para todos, una advertencia con fecha: la asimetría de información entre gobiernos y proveedores es máxima. Un núcleo técnico estatal pequeño pero real —capaz de leer documentación de modelos y redactar pliegos— vale más que cualquier artículo de ley. Sin él, todos los modelos fallan igual.
El documento completo —con su metodología, sus fuentes y sus limitaciones— está disponible en el PDF descargable de esta página.