Informe
La IA ya decide en el Estado colombiano. Las reglas todavía no
Puntos clave
- La IA pública colombiana es real, antigua y está concentrada en funciones de alto riesgo: justicia, fiscalización, migración.
- Ningún sistema documentado opera bajo requisitos vinculantes de evaluación de riesgo, registro público o supervisión medida.
- La paradoja del ILIA — gobernanza 73,2; adopción 35,0 — se explica por tres déficits: institucionalidad, talento y controles.
- La fortaleza aprovechable existe: Colombia sostiene un desempeño sobresaliente en datos abiertos, la base natural de un registro público de sistemas.
- El caso del uso de IA generativa en una sentencia de Cartagena está bajo revisión de la Corte Constitucional: las primeras reglas exigibles pueden llegar por vía judicial antes que por la política.
Colombia diseñó política de inteligencia artificial antes que casi toda la región y adoptó sistemas antes que casi todas sus normas. Esto encontramos al levantar la primera línea de base pública — y esto puede hacerse sin esperar una ley.
En Colombia, la inteligencia artificial no es una promesa de modernización: es una práctica instalada en las funciones más sensibles del Estado. Apoya la selección de tutelas en la Corte Constitucional, asocia denuncias en la Fiscalía, perfila riesgos para solicitudes de medida de aseguramiento, cruza datos en la fiscalización tributaria y verifica identidades en los aeropuertos. Nada de eso opera hoy bajo una regla exigible de inteligencia artificial.
Esa es la conclusión central de nuestro informe anual sobre la adopción de IA en el gobierno colombiano, cuya primera edición establece la línea de base que el país no tenía: qué sistemas operan, desde cuándo, bajo qué reglas y con qué capacidades.
El país que escribió las reglas temprano — y las aplicó tarde
Colombia fue pionera. El CONPES 3975 de 2019 puso la inteligencia artificial en la política nacional antes que casi cualquier país de la región. El Marco Ético de 2021 formuló principios específicos para proyectos públicos. En 2022, el país adoptó de forma temprana la Recomendación de la UNESCO.
Los sistemas, sin embargo, llegaron antes que los principios — y no se ajustaron a ellos después. La mayoría de los sistemas que inventariamos opera desde antes del Marco Ético. Ninguna norma vigente obliga a una entidad a inventariarlos, evaluar sus riesgos o medir su supervisión; varios proyectos de ley sobre IA no han completado su trámite, y el Gobierno elabora una nueva política nacional cuya versión final no era pública al cierre del informe.
Los índices comparados capturan la paradoja con precisión. En el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2023), Colombia puntúa 73,2 sobre 100 en gobernanza — el cuarto mejor registro regional. En adopción efectiva e investigación puntúa 35,0: trece puntos por debajo del promedio de los líderes regionales. Ningún otro país del grupo alto presenta una brecha interna tan pronunciada entre el papel y la práctica.
Colombia frente al promedio de los siete líderes del ILIA 2023. La gobernanza formal supera el promedio; la adopción queda muy por debajo. Fuente: CENIA y CEPAL (2023); cálculo de Enpath.
Colombia no tiene un problema de dirección sino de tracción. Sabe hacia dónde ir; no ha construido el tren de transmisión que convierte política en operación.
Lo que el Estado usa y no registra
Nuestro inventario documentó sistemas en operación en tres frentes principales — justicia, fiscalización y control migratorio — más analítica territorial y asistentes de trámites. Tres observaciones importan más que la lista completa:
- La concentración está en las funciones de mayor riesgo. Justicia y fiscalización son precisamente los dominios donde el estándar de debido proceso es más alto, y donde los marcos internacionales clasifican los sistemas como de alto riesgo.
- La documentación es voluntaria. Los casos mejor documentados —como PretorIA en la Corte Constitucional— lo están por decisión de sus responsables, no por obligación. Del resto se conoce lo que las entidades han querido comunicar.
- El inventario oficial no existe. Nuestro listado es, por diseño, incompleto: esa incompletitud es el hallazgo. Un Estado que no publica qué sistemas usa no puede gobernarlos, y nadie puede vigilarlos.
Tres déficits explican la brecha
Nadie es responsable. A la pregunta “¿quién responde por la IA pública en Colombia?” no hay respuesta única: las competencias se reparten entre varias entidades y cada una decide por su cuenta qué adopta. Nadie exige inventarios, nadie consolida aprendizajes, nadie detiene un mal proyecto.
El talento es escaso y rota. Los equipos capaces de evaluar documentación técnica, redactar pliegos exigentes o auditar un sistema se concentran en Bogotá y rotan hacia el sector privado o con los ciclos políticos. La consecuencia estructural: el Estado compra lo que no puede evaluar.
Los controles no han llegado. Ni la Contraloría ni la Procuraduría han desarrollado capacidad de auditoría algorítmica; ninguna entidad publica métricas de supervisión humana. La transparencia algorítmica colombiana es, hoy, una extensión de la buena voluntad de cada entidad.
Por qué importa
Una línea de base pública permite decidir, exigir y medir. El Gobierno que formula la nueva política necesita saber qué existe antes de prometer qué existirá; los órganos de control y la ciudadanía solo pueden vigilar lo que está documentado; y sin fotografía de 2024, ningún avance futuro será verificable.
Seis acciones no requieren esperar ni la ley ni la nueva política; tres son de arranque inmediato: publicar el inventario oficial (una instrucción administrativa con plazo de 90 días), designar responsables (uno por entidad, un coordinador nacional) y aplicar salvaguardas mínimas a los sistemas existentes, empezando por justicia y fiscalización. Ninguna exige presupuesto extraordinario. Las tres producen evidencia verificable — la diferencia entre declarar gobernanza y demostrarla.
La pregunta que este informe deja en la mesa de cualquier decisor público es simple: si un sistema participa hoy en decisiones sobre personas bajo su responsabilidad, ¿puede usted demostrar —con documentos, no con intenciones— que sabe cuál es, cómo funciona y quién responde? Mientras la respuesta no sea sí, la brecha entre el papel y la práctica no es una estadística regional. Es suya.
El documento completo —con su metodología, sus fuentes y sus limitaciones— está disponible en el PDF descargable de esta página.