El buen criterio no debería ser un privilegio

Un ministro tiene un departamento de estudios. Una gran empresa tiene analistas, asesores y abogados. Ante una decisión difícil pueden reunir evidencia, modelar los costos y beneficios y poner a prueba sus supuestos antes de comprometerse.

Una organizadora comunitaria en Bogotá, una enfermera que decide a las 3 de la mañana, un docente que reparte un presupuesto pequeño: enfrentan decisiones igual de determinantes, en su mundo, y las enfrentan casi solos. No porque sean menos capaces, sino porque el análisis serio siempre ha sido caro, y el precio es un filtro que ordena por riqueza, no por necesidad.

Durante casi toda la historia ese filtro fue inevitable. El buen criterio exigía tiempo, formación y personas cuyas horas eran escasas.

Esa restricción se está disolviendo. El costo de producir análisis se derrumbó. La pregunta ahora es quién recibe el beneficio: si esto se vuelve una ventaja más para quienes ya tienen ventajas, o si llega a las personas que siempre quedaron por fuera del buen consejo.

Creemos que debe llegar a ellas. Una inteligencia para decidir que sea confiable, transparente y con responsabilidad no debería ser un bien de lujo. Debería ser infraestructura —como lo son las carreteras, el agua potable e internet—: algo a lo que una sociedad decide que todos merecen acceso.

Eso no es una función en una hoja de ruta. Es la razón por la que la organización existe.